España, propiedad común de todos los españoles
Hay verdades que, a fuerza de ser proscritas, el mero hecho de enunciarlas resulta una temeridad. Estamos inmersos en un régimen de pensamiento totalitario que ha vuelto literalmente imbéciles a la mayoría de políticos, periodistas, intelectuales y opinadores de todo pelaje. Una de estas verdades elementales que nadie, no ya defiende, sino que ni pronuncia, es que España es un bien común propiedad de todos y cada uno de los españoles. Si esta simple e insoslayable verdad, que es un hecho real y legal, se tuviera en cuenta, serviría para desenmascarar a los predicadores de esa basura mental y política llamada plurinacionalidad, derecho a decidir, autodeterminación y demás metástasis del mal nacionalista. Porque como sociedad estamos contaminados, intoxicados por una enfermedad contagiosa que, si bien se manifiesta virulentamente en Cataluña, ya se ha extendido por toda España.
Frente a tanta confusión, abrumados por la propaganda y propagación del virus, los ciudadanos se muestran indefensos y desconcertados. De este ambiente de incertidumbre y agotamiento no puede surgir nada bueno, pues, o se extiende el sentimiento de impotencia y de fatalidad, resignándose a que quienes quieren destruir España logren sus mezquinos propósitos, o bien estalla una reacción violenta, con consecuencias imprevisibles, de quienes no están dispuestos a entregar ese bien común a los depredadores y destructores de nuestra convivencia y el orden social y de derecho que entre todos hemos construido.
Digo que el proceso independentista es un acto de expropiación por la fuerza de lo que es de todos. España es hoy una sociedad moderna, democráticamente organizada, resultado de varios siglos de trabajo, esfuerzo, colaboración y organización de millones de seres humanos que han ocupado y compartido un territorio estableciendo todo tipo de leyes para defender ese espacio físico, pero también para organizar un orden social, económico y político común. Cataluña ha formado y forma parte inseparable e indistinguible de este proceso.
El bien común, por su naturaleza, es indivisible, y su propiedad, por lo mismo, no puede ni privatizarse ni trocearse. El bien común lo constituyen aquellos bienes y recursos necesarios para el bienestar y la supervivencia de todos, como, por ejemplo, los ríos, las montañas, los bosques, el aire, el sol, el subsuelo, las costas, la pesca, la fauna, la flora, la biodiversidad, etc., por hablar de condiciones físicas y ecológicas en las que se desenvuelve nuestra existencia.
Pero también forman parte del bien común las infraestructuras que permiten el desarrollo humano, la producción y los intercambios sociales: la red de comunicaciones (carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles…), la red eléctrica e informática, el suministro de combustibles, etc. O los bienes y medios que aseguran nuestra salud (hospitales, centros de asistencia, acceso a medicamentos), la educación (escuelas y centros de enseñanza), la propiedad privada, la seguridad y defensa (ejército, policía, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado), la protección jurídica (justicia, leyes), la protección social y del trabajo (Seguridad Social, pensiones, ayudas sociales), la conservación y protección del patrimonio común (natural, histórico, artístico y cultural), y, en general, el Estado, con todo su aparato y sus medios, forma parte del bien común. (El Estado sólo tiene un fin: promover y defender el bien común).
El nacionalismo catalán, de naturaleza fascista, xenófobo y totalitario (parece que muchos ciudadanos empiezan a darse cuenta de ello), pretende llevar a cabo un acto de expropiación, apropiación y ocupación por la fuerza de una parte de España, controlar un territorio que es propiedad común, del mismo modo que lo es Extremadura, Navarra o las Islas Baleares. Ni Cataluña es de los catalanes, ni Extremadura de los extremeños, ni Navarra de los navarros. La condición de ciudadanos no sólo nos otorga el derecho, sino establece el deber de defender el bien común ante cualquier atropello, usurpación o privatización, ya sea por parte de un atracador, un colectivo, una empresa o un Parlamento. Esto es lo que todavía no han entendido los ciudadanos ni, lo que es más grave, el Gobierno.
Tenemos la obligación de defender y preservar el bien común porque si no lo hacemos estamos consintiendo el robo, la rapiña y la expropiación de algo que es de todos, y tanto da que sean cien mil o un millón los depredadores, aquí ninguna cantidad puede invalidar un derecho que es de todos. Los catalanes, sean mayoría o minoría, no son dueños de Cataluña, como no lo son los andaluces de Andalucía. Sólo lo son en tanto que españoles. No puede haber bien común sin igualdad. España, repitámoslo, es el bien común irrenunciable de todos los españoles. Por lo tanto, Cataluña también lo es.
Santiago Tracón
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